El Movimiento Cívico Participación Ciudadana pidió esta mañana a la Procuraduría General de la República declarar en estado de emergencia el sistema carcelario, no solo la cárcel La Victoria, debido a su deterioro.
Erick Hernández Machado, coordinador de la entidad, dijo que lo que ocurre en la Penitenciaría Nacional de La Victoria es una muestra de los problemas del sistema carcelario de República Dominicana.
Consideró que la Procuraduría tiene que reconocer que hay problemas en el manejo, administración y control de las cárceles dominicanas.
Planteó al mismo tiempo que hay que rendir cuentas en torno a lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
Afirmó que hay pocas informaciones con relación al referido penal y consideró que las autoridades tienen que explicar por qué no se ha terminado de habilitar.
“Debe declararse en estado de emergencia no solo a La Victoria, sino a a todo el sistema carcelario por la Procuraduría General y una rendición de cuentas sobre lo que ha hecho en el caso de Las Parras. Hay poca información al respecto. Debe explicar de manera detallada por qué no ha terminado de habilitar”, consideró Hernández Machado.
Añadió Hernández Machado que “es propicio el reconocimiento y declaratoria de emergencia para solucionar el problema de las cárceles del país porque, no dejar pasar el tema, necesariamente la Procuraduría General de la República debe reconocer que hay un gran déficit en cuanto al tema del manejo, administración y control de las cárceles en el país”.
El dirigente cívico sostuvo que la posición de Participación Ciudadana es que la Procuraduría tiene que poner sobre la mesa el problemas de las cárceles y buscar junto a todos los sectores una solución integral.
Opinó que las autoridades tienen que terminar de habilitar la cárcel Las Parras e integrarla al sistema carcelario.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), pidió la demolición de la cárcel La Victoria, por considerarla como un monumento a la indignidad humana, donde el pasado 20 de este mes 13 personas murieron y otros resultaron heridos producto de un incendio.
Trajano Potentini, presidente del CARD, lamentó el siniestro y pidió al gobierno indemnizar a los familiares de los fallecidos por entender que es una negligencia de las autoridades mantener abierto un recinto sin condiciones para tener seres humanos dentro.
Instó al gobierno a indemnizar a los familiares de los 13 internos que perecieron en el incendio.
