EFE Lima, Perú
La crisis política que afronta Perú en los últimos meses se reavivó durante este fin de semana, luego de que el presidente Pedro Castillo fuera acusado de tener vínculos con la corrupción y este respondiera denunciando que un «grupo de poder» intenta destituirlo del cargo.
La frágil tregua pactada hace dos semanas entre el Ejecutivo y el Legislativo, enfrentados desde el inicio de la gestión de Castillo, el 28 de julio pasado, se rompió con la publicación de las declaraciones de una empresaria ante la Fiscalía y el casi inmediato anuncio de un sector de la oposición política de que buscará presentar una moción de vacancia (destitución) contra el mandatario.
La presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, decidió el sábado adelantar a primera hora de este lunes la reunión de la Junta de Portavoces para analizar la revelación de que la empresaria Karelim López, investigada por la Fiscalía, ha implicado a Castillo en un presunto caso de corrupción.
Alva tomó la medida «con carácter de urgencia, debido a la grave situación por la que atraviesa» su país, tras lo cual reafirmó su «compromiso en la lucha contra la corrupción».
En principio, tanto un sector de políticos como analistas han anticipado que la oposición en el Congreso intentará alcanzar este lunes un acuerdo para presentar una moción de vacancia (destitución) contra Castillo por «incapacidad moral».
Una medida similar fue tomada por el Parlamento para destituir a Martín Vizcarra de la Presidencia en noviembre del año 2020, tras una denuncia de presunta corrupción que aún está siendo investigada por la Fiscalía sin que se haya presentado una acusación formal.
Este domingo, el congresista Jorge Montoya, representante del partido ultraderechista Renovación Popular, aseguró en Twitter que «la vacancia» de Castillo «es inminente».
«Solo es cuestión de horas, formalismo, burocracia y madurez para que los 130 congresistas voten con la mano en el corazón», añadió Montoya, quien es uno de los más notorios representantes de la oposición en el actual Parlamento peruano.
Ante las acusaciones en su contra, Castillo salió a responder a primera hora del domingo y en un breve mensaje televisado rechazó «tajantemente» la acusación en su contra y llamó al pueblo peruano a defender a su Gobierno.
El sábado, tras conocer las primeras versiones de la denuncia en su contra, Castillo pidió que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anticipó que en los próximos días «va a haber ruidos políticos» en su país.
Poco antes, medios locales publicaron que la empresaria Karelim López, quien es investigada por delitos de corrupción por la Fiscalía, comprometió al presidente en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo peruano.
La empresaria, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, supuestamente solicitó acogerse a la «colaboración eficaz» (delación premiada) para brindar información a la Fiscalía a cambio de obtener beneficios judiciales.
López presuntamente relató eventos que ocurrieron en el Palacio de Gobierno y en una casa del distrito limeño de Breña en la que Castillo residió y celebró reuniones durante los primeros meses de su mandato, que comenzó el 28 de julio pasado.
«Lo rechazo categóricamente», respondió el gobernante, antes de decir que «como presidente y como ciudadano» exige a la Fiscalía que «continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas, coherentes, con la justicia».
Cuestionó, además, que «esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno» y que «hay un sector minoritario» de la oposición política «que nunca aceptará» su «gobierno popular y democrático», tras haber vencido en las elecciones del año pasado a la derechista Keiko Fujimori.
Este domingo, medios locales agregaron que López ha declarado que un empresario de 27 años integra la presunta organización criminal y ha recibido contratos para obras públicas por un total de 580 millones de soles (unos 156 millones de dólares) como representante de dos grandes empresas chinas.
En ese sentido, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, afirmó que la declaración de la empresaria y las acusaciones lanzadas contra Castillo en las últimas semanas por sectores de la prensa responden a un plan para destituirlo de la Presidencia.
En medio de esta crisis política, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señaló este domingo que un 48 % de los peruanos cree que lo más conveniente sería la convocatoria a nuevas elecciones para renovar al Ejecutivo y al Legislativo.
Un 38 % piensa que Castillo debe cumplir su mandato hasta 2026, mientras que un 4 % opina que el gobierno debe ser asumido por la vicepresidenta Dina Boluarte y otro 4 % dice que solo se debe convocar a comicios presidenciales y mantener al actual Congreso, una opción que defienden Alva y legisladores opositores.
