Por: Richard Medina
El Gobierno presentó el proyecto de reforma fiscal buscando aumentar la recaudación en RD$122,000 millones. Más allá de los malestares esperados, el proyecto de ley ha sido controversial por la fuerte concentración de las nuevas medidas en grupos poblacionales específicos, como las familias de clase media, y en sectores económicos cuyas leyes de incentivos fiscales se están eliminando.
La clase media es la gran impactada en la reforma debido a que sobre esta recaen varias de las medidas de más agresividad tributaria. La primera medida es eliminar la exención de casi todos los bienes de consumo y varios servicios, que comenzarían a pagar 18% de ITBIS. Esta medida aumentaría los costos a los consumidores entre 3% y 8%. Es decir, que un hogar que gasta RD$25,000 en comida y servicios, estaría viendo un aumento de entre RD$750 y RD$2,000 en su gasto mensual. Es extraño ver que estos bienes, que anteriormente estaban exentos, comenzarán a pagar la tasa única de 18%, y no una tasa más baja o diferenciada como sucede en otros países de la región o Europa.
Esta estimación no incluye los efectos inflacionarios que puede generar la medida de gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al transporte de carga, un mercado poco competitivo. Este gravamen, de aprobarse e implementarse, puede generar un aumento de precios de 0.3% a 1% adicional sobre el precio base de una gran cantidad de bienes. Un tercer elemento de cuidado es la eliminación de la deducción de gastos educativos. La deducción permitía el uso de los gastos educativos para reducir la base imponible del Impuesto Sobre la Renta, constituyéndose en un aliado de los padres dominicanos, especialmente en un país donde la educación pública no ha mostrado pasos importantes de mejora. Su eliminación sin una alternativa implica una disminución inmediata del ingreso de las familias dominicanas.
El cuarto elemento a tomar en cuenta es la reducción del monto mínimo exento del llamado IPI (Impuesto al Patrimonio Inmobiliario). Una vivienda que pagaba IPI, porque su precio es superior al mínimo exento de RD$9,860,649.00, a partir de la reforma tendría que pagar más de RD$48,000 anuales adicionales de este impuesto. Esto es, una familia tendrá que pagar RD$4,000 más cada mes solo por esta modificación (no incluye el impacto de la revalorización de precios de viviendas). En la presentación sobre la reforma fiscal, el mismo Gobierno presentó que en casi todos los países de América Latina se tenía un esquema de tasas diferenciadas que era progresivo a medida que aumentaba el valor del inmueble. En República Dominicana, extrañamente, se optó mantener una única tasa alta, contradiciendo la experiencia regional.
Respecto a los sectores construcción, zonas francas, turismo e industria, entre otros, cuyas leyes de incentivos son modificadas, hay que tener cuidado con estos cambios. Los sectores mencionados son de los más dinámicos en la economía, generan al menos el 26% de los empleos nacionales y atraen más de dos tercios de la inversión extranjera que llega a República Dominicana. El alza de las inversiones en estos sectores se potenció luego de la entrada en vigencia de las leyes de incentivos. No obstante, se debe reconocer que no todos estos incentivos pueden ser eternos, y hay que revisar cada caso de manera precisa, especialmente para evitar excesos. En ese orden, el Gobierno, para obtener más legitimidad con estas medidas tributarias, debe mostrar los estudios que utilizó para tomar esta decisión y que demuestran la necesidad de borrar todos los incentivos fiscales a estas actividades económicas de golpe. Asimismo, debe llamar a un diálogo a los distintos sectores en el Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional creado para estos fines.
Para concluir, hay que decir que la reforma no parece cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Si los ingresos aumentarían en RD$122,000 millones y se financiarían gastos adicionales por RD$110,000 millones (como ha planteado el Gobierno), se lograría un ahorro de RD$12,000 millones al año o 0.15% del PIB. Aquí no se incluyen las partidas para aumentar el salario mínimo del Gobierno, lo que hace pensar que no habría ahorro fiscal luego de la reforma. Este monto es insuficiente para reducir de 3% del PIB a 2% del PIB el déficit fiscal, valor meta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al país en su reporte del Artículo IV publicado en 2023.
Dada la reacción social, y el impacto que la reforma fiscal tendría en la población de ingresos bajos y medios y en sectores económicos productivos, lo deseable es gradualidad, más diálogo y un compromiso de reducción de gastos públicos firme.
(Publicado originalmente en el Listín Diario)
