La diputada Selinée Méndez presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que solicita al Poder Ejecutivo la paralización inmediata de todos los contratos de alquiler de inmuebles suscritos por instituciones estatales y funcionarios públicos, hasta que se realice una revisión detallada de cada contrato.
La diputada expone una serie de contratos de alquiler suscritos por diversas instituciones que, a pesar de sus elevados costos y cuestionable pertinencia, han sido mantenido o renovado en el marco de una administración pública que debe enfrentar serios desafíos económicos.
Entre los contratos señalados se encuentran aquellos suscritos por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), la Dirección General de Pasaportes y las empresas distribuidoras de electricidad (las EDE), cuyo valor total supera los 10 mil millones de pesos.
“La situación económica de nuestro país exige prudencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. No es justificable que instituciones que han funcionado durante años en propiedades del Estado ahora estén siendo trasladadas a edificios de lujo, con un gasto millonario que en nada contribuye a las prioridades nacionales. Solo entre Ogtic, la DGP y las EDE estamos comprometiendo miles de millones de pesos que bien podrían destinarse a áreas verdaderamente prioritarias para el bienestar de los dominicanos”, afirmó.
La propuesta de la diputada incluye la solicitud de una evaluación rigurosa de todos los contratos de alquiler vigentes.
