WASHINGTON (AP) — Un juez federal bloqueó temporalmente el jueves el plan del presidente Donald Trump de expulsar a los empleados federales ofreciéndoles incentivos financieros, el último tumulto para los empleados del gobierno que ya luchan con la agitación de la nueva administración.
El fallo se produjo horas antes de la fecha límite de medianoche para solicitar el programa de renuncia diferida, que fue orquestado por el asesor de Trump, Elon Musk .
Los sindicatos dijeron que el plan era ilegal y el juez de distrito de Estados Unidos, George O’Toole Jr., en Boston, suspendió su implementación hasta después de escuchar los argumentos de ambas partes en una audiencia judicial programada para el lunes por la tarde. Ordenó a la administración que extendiera el plazo hasta entonces.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que 40.000 trabajadores ya se han inscrito para dejar sus trabajos mientras reciben su salario hasta el 30 de septiembre. Describió a los empleados federales que han estado trabajando de forma remota como vagos, diciendo que «no quieren venir a la oficina» y «si quieren estafar al pueblo estadounidense, entonces son bienvenidos a aceptar esta indemnización».
Un trabajador federal en Colorado, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que los insultos dirigidos a los trabajadores del gobierno por parte de miembros de la administración Trump han sido desmoralizadores para quienes brindan servicios públicos.
Dijo que la decisión del juez reforzó las sospechas, compartidas por personas que trabajan en varios departamentos y agencias, de que el programa de renuncia diferida era legalmente cuestionable.
Los demócratas y los sindicatos advierten que los trabajadores podrían verse perjudicados
El miércoles, la administración aumentó su presión sobre los empleados para que se vayan, enviando un recordatorio de que los despidos o suspensiones temporales podrían venir a continuación.
“Es probable que la mayoría de las agencias federales se reduzcan a través de reestructuraciones, realineamientos y reducciones de personal”, decía el mensaje de la Oficina de Gestión de Personal, que ha sido un nexo de los esfuerzos de Musk para reducir el tamaño del gobierno .
El correo electrónico decía que se esperará que cualquiera que permanezca en el cargo sea “leal” y “estará sujeto a estándares mejorados de idoneidad y conducta a medida que avancemos”. Algunos empleados también podrían ser reclasificados para limitar las protecciones del servicio civil.
“Los empleados que incurran en conductas ilegales u otras conductas indebidas serán priorizados para una investigación y una disciplina adecuadas, incluido el despido”, decía el correo electrónico.
Los demócratas y los líderes sindicales han dicho que los trabajadores no deberían aceptar el programa de renuncia diferida porque no fue autorizado por el Congreso, lo que aumenta el riesgo de que no les paguen.
«Es una estafa y no una compra», dijo Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales.
Una empleada del Departamento de Educación, que también habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que la administración parecía desesperada por lograr que la gente firmara el acuerdo. Sin embargo, dijo que había demasiadas señales de alerta, como una cláusula que renunciaba al derecho a demandar si el gobierno no cumplía con su parte del trato.
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