El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, calificó como una «apreciación individual» la afirmación de que en las cárceles dominicanas los reclusos tienen acceso a teléfonos celulares.
Esta respuesta surgió tras la pregunta de un periodista sobre cuándo finalizarían las acciones que permiten el ingreso de dispositivos electrónicos para los reclusos, dado que la ley prohíbe su uso.
Hernández Basilio reconoció que se han encontrado algunas antenas parabólicas en las cárceles, especialmente en La Victoria. Sin embargo, señaló que cuentan con una Unidad de Control de Delitos Tecnológicos, que cada año lleva a cabo un proceso de desmantelamiento y supervisa de cerca estos casos en todos los centros penitenciarios del país.
Además, recordó el proyecto de bloqueo de señales en las cárceles de la República Dominicana, encabezado por Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cuyo objetivo es reducir los delitos cibernéticos que se gestan desde los centros penitenciarios.
Según Gómez Mazara, el plan inicial contempla abrir una licitación antes de finalizar 2024 e implementar el sistema en cuatro cárceles clave del país. Indotel ha asignado un fondo de 300 millones de pesos, en colaboración con la Procuraduría General, para instalar bloqueadores de señal en las prisiones, reforzando así la seguridad en el sistema penitenciario.
Sobre el particular, Roberto Hernández informó que este viernes las autoridades realizarán una visita a la cárcel de Anamuya, en la provincia La Altagracia, para llevar a cabo un levantamiento del sistema de colocación. Esta misma actividad se llevará a cabo en otros centros penitenciarios.
El director de prisiones habló durante la inauguración del Centro de Atención Provisional de Libertad, en la provincia San Pedro de Macorís.
En República Dominicana, la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos por parte de los reclusos está contemplada en la Ley 113-21, que establece el régimen de las cárceles y centros de reclusión.
Esta ley regula las condiciones de detención y establece que los reclusos no deben tener acceso a dispositivos que puedan comprometer la seguridad del sistema penitenciario o facilitar actividades delictivas desde dentro de las cárceles.
